Garantía de Correcto uso de Anticipos

Protección financiera para los recursos entregados al inicio de un proyecto.

¿Qué es la Garantía de Correcta Inversión de Anticipos?

La Garantía de Correcta Inversión y Uso de Anticipos cubre el riesgo de que los fondos entregados por adelantado no sean utilizados conforme a lo estipulado en el contrato.

Permite resguardar el patrimonio del mandante y asegurar que el proyecto avance según lo planificado.

¿Por qué contratar un seguro de uso de anticipos?

Coberturas principales

Uso indebido del anticipo entregado.

Incumplimiento en la aplicación de fondos.

Respaldo financiero del monto anticipado.

Aplicable a contratos de obras, servicios o suministros.

Exclusiones principales

Gastos no asociados al contrato.

Uso del anticipo fuera de plazo.

Incumplimientos no vinculados al anticipo.

Información falsa entregada al contratar.

¿Cómo funciona el seguro de uso de anticipos?

Declaración del contrato y monto del anticipo.

Emisión de la garantía por el valor anticipado.

Vigencia hasta la correcta rendición del anticipo.

Indemnización si los fondos no se utilizan conforme al contrato.

¿Para quién es ideal este seguro?

Mandantes que entregan anticipos contractuales.

Empresas contratistas que reciben pagos adelantados.

Proyectos de construcción, obras o servicios.

Contratos públicos y privados con financiamiento inicial.

¿Buscas otro tipo de garantía?

Existen garantías específicas que se exigen según el tipo de contrato, industria o normativa aplicable, y que no siempre se limitan a las más conocidas.

En Unidad te asesoramos para identificar exactamente qué garantía necesitas, según el contrato, licitación o exigencia legal.

Tipos de garantías adicionales que pueden requerirse

¿Cómo te ayudamos?

Analizamos el contrato o bases de licitación.

Identificamos el tipo de garantía exigida.

Definimos monto, vigencia y condiciones.

Gestionamos la emisión de la póliza adecuada.

¿Para quién es este tipo de garantía?

Empresas contratistas y subcontratistas.

Proveedores de bienes y servicios.

Empresas inmobiliarias.

Agentes de aduana.

Participantes en licitaciones públicas y privadas.